El CGPJ está demostrando que es un órgano absolutamente politizado, entendiendo ésta politización en el más amplio sentido de la expresión. No sólo se pliega a las exigencias de los partidos mayoritarios replicando con exactitud aritmética la composición del Parlamento, haciendo totalmente previsibles sus decisiones atendiendo al origen "conservador" o "progresista" de sus vocales, sino que ha adoptado las prácticas que exhiben nuestros queridos gobernantes de uno y otro signo. De un tiempo a ésta parte, este órgano constitucional (en adelante Consejo) ante la impotencia para cumplir las funciones para las que fue concebido se ha dedicado a actuar como el Sindicato de los Jueces con el fin de contentar a sus revueltos "afiliados". Ha publicitado la sufrida labor de nuestros jueces y magistrados (236.000 euros), ha dictado instrucciones (con evidente exceso en sus funciones reglamentarias) atribuyendo funciones inspectoras y supervisoras a Jueces y Magistrados, remitiendo al mismo tiempo, a través de dos de sus vocales Margarita Robles y Manuel Almenar cartas a todos los "compañeros" delimitando y minimizando el alcance de la posible responsabilidad derivada del ejercicio de tan innatas funciones. En todo caso, y por si hubiera algún problema, el propio Consejo ha contratado un seguro a favor de todos los jueces y magistrados de España (450.000 euros).
Mientras tanto, los Secretarios Judiciales con un sueldo inferior en algunos casos a funcionarios del grupo C de la misma Administración, en algunos casos de 1700 euros, tienen que hacer frente a su propio seguro de responsabilidad civil y disciplinaria que, a buen seguro van a tener que utilizar, ya que su régimen disciplinario es mucho más estricto (ver caso Mariluz) y los supuestos en que debe responder cada vez son más amplios, Reforma mayo 2010, Instruccion 2/2010 y Rglto 3/2010 CGPJ.
